Las comunidades rurales se definen como poblaciones que habitan en zonas lejanas a cascos urbanos y suelen estar compuestas por grupos campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas. Comúnmente este tipo de poblaciones suelen exhibir problemáticas asociadas a amenazas en contra de sus derechos fundamentales como consecuencia de factores internos y externos asociados a situaciones de pobreza y desigualdad. A nivel nacional las comunidades rurales representan aproximadamente el 23,0 % de la población en el país y se estima que el 46,0 % de estas poblaciones reflejan pobreza de tipo multidimensional. Lo anterior se observa en una mayor vulnerabilidad para estas zonas en comparación con las zonas urbanas en relación a la disponibilidad de servicios como acceso a agua potable, alcantarillado, redes de salud pública, educación, entre otros factores que contribuyen en el desarrollo óptimo en capacidades físicas y mentales de cada individuo. De igual manera, se ha evidenciado una desigualdad notable en términos económicos para cada una de las familias que habitan en estas zonas, ya que, de acuerdo con la Contraloría General de la República, aproximadamente el 79,7 % de la población rural no cuenta con recursos monetarios suficientes para adquirir productos básicos de la canasta familiar, lo que implica que la mayoría de la población tenga que suplir sus necesidades alimentarias con sus propias cosechas [1-5]. Debido a esto, se han planteado programas de aporten de manera positiva en el desarrollo rural, impulsando la construcción de centros de salud, colegios, centros de aprendizaje y, en especial, apoyando actividades económicas realizadas en estas zonas.   

Tradicionalmente, el desarrollo económico de las comunidades rurales se ha centrado en la realización de prácticas agropecuarias para la producción de alimentos como frutas, verduras, carne, etc., que pueden ser exportados, distribuidos a lo largo del país o empleados como fuente de autoabastecimiento. Este último, es de relevancia para las comunidades rurales a causa del difícil acceso a productos comerciales como consecuencia del bajo acceso económico y la dificultad en el transporte de alimentos generado por la baja disponibilidad de carreteras en estas zonas. En otra instancia, otro tipo de falencias que puede afectar al desarrollo de cultivos son la baja disponibilidad en servicios de acueducto o agua disponible para riego; la escasa o nula formación agropecuaria de los productores que disminuye la posibilidad de solucionar problemas por contaminación o plagas en los cultivos y problemáticas sociales como conflictos armados y desplazamiento forzado. Todos estos obstáculos imposibilitan el desarrollo óptimo de los cultivos y los beneficios que estas poblaciones pueden obtener a partir de estas actividades económicas, resaltando que, los productos alimentarios obtenidos a partir de estas prácticas no solamente aportan en la seguridad alimentaria de las zonas rurales sino en todo el territorio nacional. En concordancia, se puede concluir que las comunidades rurales productivas son un factor clave en la seguridad alimentaria debido a la producción y abastecimiento de alimentos necesarios en el desarrollo y nutrición humana y, por tanto, se hace imperante desarrollar estrategias que contribuyan de manera directa al libre desarrollo de cada uno de los individuos que residen en zonas rurales, propiciando ambientes de seguridad y servicios de calidad, entre los que resaltan principalmente acceso a agua potable y sistemas educativos que permitan la generación de competencias, conocimientos aplicables en las actividades económicas que suministren a los productores habilidades suficientes para mitigar o proponer soluciones ante problemas asociados a la contaminación de los suelos y agua por parte de agentes patógenos como microorganismos o elementos tóxicos como metales pesados, permitiendo así, el aseguramiento en la calidad de los productos para suscitar aumentos en la producción de estos, y, por ende, mayores beneficios económicos [6-10].

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¿CUÁLES SON LAS PROBLÉMATICAS QUE PRESENTA LA AGRICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA?

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La agricultura es una actividad económica ancestral que es de suma relevancia para el desarrollo de la humanidad, ya que proporciona alimentos que permiten suplir necesidades básicas y nutricionales del ser humano. Esta práctica es clasificada como una actividad económica primaria desarrollada mayoritariamente en comunidades rurales que labran y venden los productos de sus cosechas para su distribución a lo largo de diferentes poblaciones a nivel nacional o internacional. Específicamente en Colombia, la agricultura es un factor clave en la economía nacional, ya que, de acuerdo con el BID, este sector aporta el 62,5 % al PIB del sector agropecuario y el 3,9 % al PIB nacional. En consecuencia, en los últimos años las iniciativas de programas que beneficien y aporten al desarrollo rural han aumentado, resaltando que entre las principales estrategias que se plantean se encuentra el incremento en la calidad nutricional del cultivo mediante el aseguramiento de componentes como vitaminas y micronutrientes; disminución en la aplicación de pesticidas que han demostrado ser tóxicos para cultivos y productores; aumentar la productividad y rendimiento en cultivos y cosechas, generando una mayor producción de alimentos mediante el incremento de área de tierra cultivada, entre otros. Ahora bien, de acuerdo con dichas estrategias, se debe resaltar que, si bien el desarrollo de estos programas puede llevarse a cabo mediante estrategias técnico-científicas por actores externos, se hace imperante que los productores agrícolas adquieran las habilidades y conocimientos suficientes para llevar a cabo buenas prácticas agrícolas tras la finalización de los programas con el fin de asegurar la calidad de cultivos y, a su vez, mitigar posibles problemáticas de salud pública [1-4].

Lo anterior expuesto aplica de manera directa para el departamento de Córdoba, ya que, aunque se presentan problemáticas en la agricultura relacionadas con la disponibilidad y calidad de los productos obtenidos como consecuencia de factores asociados al cambio climático, sequías, fenómenos naturales, contaminación fisicoquímica y microbiológica de suelos, entre otras; los factores socioeconómicos y culturales también deben ser considerados en el planteamiento de cualquier programa que busque contribuir en el desarrollo rural, puesto que los sectores productivos dedicados a este tipo de actividades económicas realizan labores que trascienden a través de los años, es decir, emplean practicas obtenidas de manera generacional que no necesariamente son las estipuladas en las buenas practicas agrícolas, lo que puede conllevar a resultados desfavorables en los cultivos. Entre estas prácticas que aún suelen evidenciarse en los cultivos agrícolas se resalta la quema de áreas cultivadas, que según creencias populares sirve para la eliminación de plantas invasoras, agentes patógenos y remoción de residuos, no obstante, se ha demostrado que esta técnica promueve la contaminación del aire, disminución o eliminación total de poblaciones microbianas beneficiosas para los cultivos y disminuye la diversidad biológica. Adicionalmente, otra de las técnicas desfavorables es el uso excesivo e incrontrolado de pesticidas y plaguicidas para el control de plagas en cultivos, resaltando que algunos de estos productos suelen contener compuestos organoclorados que son perjudiciales para la biodiversidad y la salud de especies que habitan el sector como los murciélagos (especies Trachops cirrhosus, Demodus rotundus, Phyllostomus hastatus, entre otros) que, de acuerdo con estudios realizados por Racero y colaboradores, exhibieron concentraciones de dicloro difenil tricloroetano (DDT), el cual es un plaguicida prohibido en Colombia desde 1994 por su alto grado de toxicidad [5-8]. En este sentido, se hace necesario redefinir el “modo de producción campesino” que abarcan conocimientos tradicionales y reemplazarlos por técnicas que permitan el aseguramiento en los parámetros de calidad en cultivos y en productos agrícolas. Así mismo, se debe concientizar a la población sobre prácticas actuales a favor de mitigar problemáticas de contaminación por medios fisicoquímicos o microbiológicos, además del aumento en el rendimiento de las cosechas a favor de aumentar la producción e ingresos económicos. Con este fin, se han definido estrategias que regulan prácticas agrícolas como el sistema agroalimentario, permitiendo así, beneficiar a estas poblaciones y a la población en general al contribuir con la seguridad alimentaria [5-10].

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¿CÓMO IMPULSAR LA PISCICULTURA Y ACUICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA?

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La piscicultura es una técnica que tiene como propósito principal llevar a cabo la crianza de peces en ambientes naturales o artificiales empleados para uso propio o comercial, por otro lado, la acuicultura se basa en el desarrollo y producción de flora y fauna acuáticas, siendo esta última necesaria para el sostenimiento de ambientes acuáticos y la calidad de estos. Cabe resaltar que la piscicultura se estableció como una de las alternativas viables para el mejoramiento de expectativas de vida y salud en la población mundial de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien determinó que era necesario incrementar el consumo de pescado en la dieta humana. En consecuencia, actividades como la piscicultura y la acuicultura han exhibido aumentos en producción notables del 68 % desde el año 2010 hasta el 2015, presentando como especies de mayor obtención a la tilapia, cachama, trucha, entre otras [3]. A nivel departamental, Córdoba presenta en su mayoría cultivos de cachama (Piaractus Brachypomus) y tilapia (Oreochromis sp y oreochromis niloticus), los cuales son desarrollados en comunidades rurales y aportan un 3 % a la producción nacional de estas especies, siendo dicha producción relativamente baja comparada con departamentos como Huila que representan el 39 % y Meta con una contribución del 11 %. No obstante, se debe resaltar el incremento que ha presentado la piscicultura en el departamento, ya que en un rango de cinco años (2015-2020) pasó de 1767 a 6017 tons con un aumento total del 345 %, lo que lo posiciona como uno de las zonas con mayor crecimiento en el sector piscícola y acuícola [1-5].

Ahora, si bien lo anterior denota un avance en las actividades primarias en las comunidades rurales del departamento y, por ende, aumentos en los ingresos económicos de las poblaciones productivas, es necesario plantear estrategias que fomenten el desarrollo y fortalecimiento del sector con el fin de continuar la tendencia observada en años ulteriores, e incluso, generar crecimientos en mayor medida. En este caso, es necesario resaltar que entre las problemáticas actuales que enfrentan las comunidades piscícolas del departamento se presenta la baja calidad y disponibilidad de agua, bajos recursos económicos para adquisición de equipos e insumos que permitan el desarrollo óptimo de los cultivos, baja calidad de los suelos empleados para estanques y falta de información y habilidades técnicas en productores para solventar problemáticas asociadas a contaminación de estanques, sea de tipo microbiológica o fisicoquímica [6-9]. Por lo tanto, se resalta como problemática común el desconocimiento de los productores hacía las buenas prácticas de producción piscícola y acuícola que son sumamente necesarias para el desarrollo de este tipo de actividades, por consiguiente, cualquier tipo de estrategia técnica o educativa que desee plantearse debe estar orientada a favor de la aprobación social del conocimiento a los productores con el fin de que estos tengan la capacidad de producir de manera óptima los cultivos y resolver cualquier problema que se presente en el proceso.

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[8] Cuadrado, D., Carmona, D. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN LA SUBREGIÓN ALTO SINÚ, AÑO 2018. Tesis pregrado. Universidad de Córdoba, 2020.

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[9] Mass, M., Caro, L. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN LA SUBREGIÓN SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE CORDÓBA, AÑO 2018. Tesis de pregrado. Universidad de Córdoba, 2020.